Entrevistas IDAHOT: Michelle Suárez, la abogada trans que redactó la ley de matrimonio igualitario de Uruguay

IDAHOT entrevistó a la abogada trans y activista del Colectivo Ovejas Negras.

Por Álvaro Queiruga
-¿Cuál fue tu papel en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Uruguay en abril de 2013?

Fui la redactora del proyecto de ley. Aunque fue un proceso colectivo que abarcó más de 3 años desde el 2010 hasta el 2013, implicó posteriormente a la primera redacción la interacción con el resto de la sociedad civil. Desde el Colectivo Ovejas Negras queríamos conseguir el respaldo de distintas organizaciones que no solo tuvieran que ver con el eje de la diversidad sexual, para poder tender puentes con el sistema político del modo más transversal posible. Finalmente, el proyecto se convirtió en ley con votos de todos los partidos políticos. Fue una muestra de la madurez de la sociedad civil porque, por lo general, cuando se trataba de hacer ese puente entre las necesidades sociales y el sistema político se golpeaba la puerta –con reclamos razonables y justos- solo para exigir respuestas. Esta vez se dio un paso más: la sociedad civil golpeó la puerta del sistema político no solo con un reclamo sino con una propuesta de respuesta que finalmente se consagró porque el sistema político, como sistema representativo, terminó por abrazarla.

-¿Qué factores crees que hicieron avanzar la legislación en materia de diversidad sexual en Uruguay? 
¿La temprana separación del estado y la iglesia, la fuerte tradición democrática, el movimiento social?

Hay muchos factores. Es cierto que en Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, incluso algunos muy cercanos, el Estado dejó, a muy temprana edad, de tener una religión oficial. En sus discusiones normativas y de derecho positivo no hubo una conexión con el mundo religioso, que quedó recluido a los templos y a las iglesias y a la profesión de la fe, y no a la ejecución de políticas. Es un elemento sumamente importante ya que en otros países se ven las dificultades que existen cuando el derecho positivo se entrecruza con el derecho canónico. Pero también creo que Uruguay tiene una fuerza muy importante en la normativa como un mecanismo de reforma social que iguala a través de la ley, que busca la igualdad sustantiva y no la meramente formal a través de la ley. Ese es uno de los elementos que nos queda del batllismo. Durante muchos años, el sistema político se adelantó a las necesidades sociales, las preveía y trataba de saldarlas anticipadamente a través de las normas. Eso hizo que el régimen legal tuviera un valor legitimador y moralizante, de una gran fuerza simbólica. El proceso del matrimonio igualitario, que modificó nada más y nada menos que el código civil -una vaca sagrada del derecho uruguayo que, en general, solo sufre modificaciones estéticas-, realmente implicó un avance muy profundo, vinculado a una auténtica lucha por la igualdad sustantiva de nuestra historia y nuestra conciencia jurídica. En este proceso, como ya mencionamos, las respuestas no vinieron desde el sistema político, sino que fueron dadas desde las organizaciones de la sociedad civil y fueron tomadas por el sistema político. De alguna manera, creo que esos elementos son los más fundamentales.

-¿Qué falta para que la totalidad de la población LGTB, y especialmente las trans, tenga la ciudadanía plena en Uruguay?

Hubo un enorme avance en el alcance efectivo de derechos en la normativa de la última década, gracias a las leyes de adopción y unión concubinaria, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de cambio de nombre y sexo registral, entre otras normas. Pero quedan cosas por mejorar, como la ley contra la discriminación. En Uruguay creemos que la norma actual es suficiente, cuando en realidad tiene enormes vacíos legales. Presenta como únicas soluciones, por un lado, meramente amistosas o administrativas, y por el otro, exclusivamente penales enfocadas en la criminalidad que dejan de lado a la víctima y muchas veces la revictimizan. En el medio de estas dos asíntotas, lo que queda es un enorme vacío por la inexistencia de un resarcimiento económico como ejemplo básico de protección a los derechos humanos cuando fueron violados. Eso se potencia con la ausencia de normas de acción afirmativa. Ciertos grupos muy vulnerables, como lo es la población trans, deberían contar con mecanismos ciertos de inclusión laboral, en el ámbito público y privado, que procuren la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Esos elementos son aún muy difíciles de asumir, incluso para los juristas. Al no existir una tradición en esta área, provoca mucho miedo comenzar a transitar por ese camino. En realidad, son mecanismos certeros, exitosos en muchos otros países, que comienzan a transitar por un camino de inclusión, y que lamentablemente, hasta el día de hoy, Uruguay les ha dado la espalda.

En cuanto a nuestra ley de identidad de género, es muy anterior, por ejemplo, a la de Argentina que prevé, como parte de los procesos identitarios no solo los cambios documentarios sino también los cambios morfológicos y físicos que acompañan ese proceso. En Uruguay tenemos la paradoja de que académicamente se sigue viendo y enseñando a la disforia de género como una patología, dándole la espalda a todo un movimiento internacional que busca la despatologización de la disforia de género, pero no se la considera una ‘enfermedad’ lo suficientemente importante para que el sistema de salud se ocupe. Hace muy poco tiempo, el panorama que teníamos era que ni el mutualismo (de asistencia privada), ni el sector público ofrecía tratamientos de reasignación de sexo. Sin embargo, quedaba como único bastión, la Universidad de la República a través del Hospital de Clínicas, con los problemas y las deficiencias que tenía. Lamentablemente, ahora el panorama es caótico ya que se está desmantelando ese único sistema que de alguna manera satisfacía esa necesidad y que intentaba efectivizar el derecho a la salud de cierto sector de la población. Ahora quedamos en la nada misma. Para poder acceder a los tratamientos la gente ahora tiene que recurrir, con sus propios fondos, al mercado negro o viajar a otros países. En los hechos, esto significa la no efectivización del derecho a la salud, uno de los derechos más básicos, porque se sigue conceptualizando la reasignación de sexo como un mero cambio estético y no como parte integral de un proceso de identidad. Este es un derecho inherente a la personalidad humana como cualquier otro.

-El hecho de que seas trans y abogada es excepcional, ya que la mayoría de las mujeres trans en Uruguay vive en la pobreza, sin otra opción laboral que el trabajo sexual. ¿Qué factores incidieron en tu vida para que pudieras estudiar?

A veces asimilamos el hecho de que la mayoría de las mujeres trans termina indefectiblemente en el mercado sexual como única forma de sobrevivencia a una parte inseparable del proceso identitario, cuando en realidad es una mera contingencia social. De alguna manera, ser una persona trans implica, según este razonamiento, que en algún momento, la persona fue o será una trabajadora sexual. Pero no es así, no es parte del proceso identitario sino que es una contingencia social. En mi caso, la diferencia con otras mujeres trans que no tuvieron la libertad de elegir ni la posibilidad de una realización personal plena, es que yo tuve oportunidades. Si bien yo sufrí las mismas discriminaciones sociales y diarias que cualquier otra mujer trans, yo tenía un hogar. El hecho de que mi familia no me haya expulsado de mi casa a los 15 años cuando manifesté mi identidad públicamente, implicó que, ante la sociedad, yo me pudiera parar desde otro lugar. Tuve la posibilidad de permanecer dentro del sistema sanitario y educativo, de poder realizar estudios terciarios, de poder buscar el camino de mi proceso identitario hasta encontrar un lugar donde no se vulneraran mis derechos, donde no tuviera que llegar a situaciones extremas para sobrevivir día a día.

-¿Qué importancia tiene la celebración anual del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia?

Mucha gente puede decir que la lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia se hace todos los días, y yo creo que es verdad. Pero también creo que es muy importante que exista un día de visibilidad, un día en el cual todas las organizaciones, todos los medios y la ciudadanía en general tengan la excusa de instalar el debate. Todos los años, en esa construcción constante de lo que es la ciudadanía, tenemos un día que nos da la excusa perfecta para debatir en sociedad cómo estamos, monitorear nuestro desarrollo social, poder darnos cuenta si esas patologías sociales se siguen profundizando, si hay mejorías, si los caminos de lucha que hemos seguido han sido efectivos o no, si debemos hacer modificaciones. Visibilizar los problemas, quitarlos de la oscuridad y del silencio, es una de las mejores formas de combatirlos y de enfrentar uno de los factores que los producen: la ignorancia.
 
————————
1- Ideología socialdemócrata que se arraigó en Uruguay tras los dos períodos de gobierno del presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915).